Peniley Ramírez - Sonora Presente
Hace casi dos años, después de que “El Mayo” Zambada llegó en avión a EU, en México se alistaba una investigación contra el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya. En ese momento, me dijeron fuentes federales, ya había en la Fiscalía federal un expediente sobre Rocha, varios de sus funcionarios, sus hijos y los nexos de estos con los hijos de Joaquín “El Chapo” Guzmán. En Palacio conocían la existencia de ese expediente, pero se consideró que “no era el momento” para actuar. Ahora, tras la investigación en Nueva York contra la red Rocha, algunas fichas han comenzado a moverse en México.
Hace dos semanas, Rocha pidió licencia de su cargo de gobernador. Fue una petición directa de Palacio Nacional, me confirmaron fuentes federales. Mientras tanto, algo más se movía en la indagatoria mexicana.
El 6 de mayo, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) envió a todas las instituciones de crédito y los bancos oficios relacionados con Rocha y con varias personas y empresas. Tuve acceso a ellos. Allí se establece que las instituciones deben identificar si son clientes o usuarios, suspenderles cualquier operación o servicio, no abrirles nuevas cuentas, cancelar las cuentas que tengan y no entregarles el dinero depositado en dichas instituciones. Es decir, los incluyeron en la Lista de Personas Bloqueadas de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).
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