Por: Xavier Ginebra - El Economista
La política de defensa de la competencia constituye un componente central del funcionamiento eficiente de las economías de mercado. Su objetivo principal es prevenir conductas empresariales que restrinjan la rivalidad entre firmas —como acuerdos colusorios, abusos de posición dominante o fusiones anticompetitivas— y promover estructuras de mercado que favorezcan la eficiencia económica y el bienestar de los consumidores. “La política de competencia constituye un elemento fundamental para promover un crecimiento económico sostenido, mejorar la productividad y proteger el bienestar de los consumidores.”
En el Perú, la defensa de la libre competencia está consagrada en la Constitución Política de 1993, que establece que el Estado facilita y vigila la libre competencia y combate toda práctica que la limite. Sin embargo, la existencia de normas formales no garantiza, por sí sola, la presencia de mercados competitivos. El funcionamiento efectivo de la competencia depende también de la calidad institucional, de la regulación sectorial, de las barreras de entrada y de la estructura productiva de la economía.
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