Estríctamente Personal
Raymundo Riva Palacio - Expreso
Nadie debe llamarse sorprendido por el anuncio de ayer en Nueva York. El anuncio de la apertura de una acusación formal contra 11 funcionarios en activo y exfuncionarios, incluidos el gobernador Rubén Rocha Moya y el senador Enrique Inzunza Cázarez -su candidato a sucederlo el próximo año-, por su relación con Los Chapitos, era algo donde lo único sorprendente es que no fue antes. La acusación de la Fiscalía en la Corte de Brooklyn junto con la DEA colocan, por primera vez en la historia, a un gobierno mexicano -en este caso estatal-, al servicio del narcotráfico.
Le han disparado un tiro al corazón del régimen obradorista que no creía que la relación de los políticos con el crimen organizado era una prioridad de la Administración Trump. En el primer capítulo de la historia que apenas comienza, acusó a la parte más alta de la estructura política y a todo el aparato de seguridad y fiscalías, de haber servido a los intereses de Los Chapitos. En el proceso están los dos políticos sinaloenses más importantes, el Alcalde de Culiacán, el Vicefiscal, los exsecretarios de Administración y Seguridad, y varios exjefes policiales.
Las implicaciones son muy graves y delicadas, como también complejas de resolver para la presidenta Claudia Sheinbaum, a quien el embajador Ron Johnson le pidió en enero que actuara contra políticos vinculados con el crimen organizado, para que no lo hiciera el Departamento de Justicia, y fue omisa. El jueves pasado, en Los Mochis, junto a Rocha Moya, Johnson anunció que pronto vendrían las acusaciones en Estados Unidos. Llegaron, y no puede descartarse que un paso siguiente sea pedir su extradición.
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