- La reciente reforma constitucional que impone límites a las jubilaciones y pensiones elevadas en entidades públicas introduce una corrección importante en la parte alta del sistema.
Por Dr. Nicolás Domínguez García* - Forbes México
La reciente reforma constitucional que impone límites a las jubilaciones y pensiones elevadas en entidades públicas introduce una corrección importante en la parte alta del sistema, particularmente en esquemas asociados al personal de confianza de organismos descentralizados, empresas del Estado y otras entidades paraestatales. En términos de equidad y control del gasto, la medida busca contener excesos que durante años generaron distorsiones en algunos regímenes complementarios. Sin embargo, su alcance real debe dimensionarse con cuidado: el decreto corrige la cúspide del problema, pero no modifica la base estructural del sistema pensionario mexicano, donde se concentra el grueso de las obligaciones y de la presión fiscal.
La importancia de este matiz radica en que el gasto en pensiones ya representa uno de los componentes más pesados del presupuesto público. En el Paquete Económico 2026, las pensiones alcanzan aproximadamente 2.3 billones de pesos dentro de un presupuesto de alrededor de 10.2 billones, es decir, más de una quinta parte del gasto total. Esto significa que el problema pensionario ya no es un asunto marginal de seguridad social, sino uno de los núcleos de rigidez del gasto público mexicano. El decreto puede tener un efecto de contención sobre algunos casos de pensiones altas, pero no altera de forma significativa la trayectoria de ese gasto estructural.
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