- El desafío, como en muchos temas estructurales de México, no es la falta de diagnósticos, sino la capacidad de traducirlos en políticas públicas viables
Luis Miguel Martínez Anzures - El Heraldo de México
En un contexto internacional marcado por presiones fiscales crecientes, envejecimiento poblacional y demandas sociales cada vez más amplias, los Estados enfrentan un dilema estructural: cómo financiar el desarrollo económico, y social de sus naciones, sin comprometer la estabilidad económica. En ese debate, México aparece hoy como un caso paradigmático. No sólo por su bajo nivel de recaudación, sino por la magnitud de su desigualdad. Bajo esta lógica, la propuesta de implementar un impuesto mínimo a la riqueza extrema ha cobrado relevancia, al punto de que diversos organismos internacionales sugieren que el país podría ser uno de los mayores beneficiarios de su aplicación.
El punto de partida es contundente. México forma parte de una de las regiones más desiguales del mundo, y su estructura de riqueza revela una concentración extrema: un ejemplo relevante en este sentido es que menos de mil personas concentran cerca de una cuarta parte del patrimonio nacional, mientras que la mitad más pobre apenas accede a una fracción marginal del mismo. Esta disparidad no es únicamente un problema ético o social; es, ante todo, un desafío económico y político. Porque, generalmente, las economías altamente desiguales tienden a limitar su crecimiento potencial, erosionar la cohesión social y debilitar la legitimidad institucional.
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