Salvador García Soto - Serpientes y Escaleras
La cuenta regresiva de la justicia estadounidense comenzó para el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya; para su senador consentido, Enrique Inzunza, y para otros ocho políticos y funcionarios de la entidad sinaloense.
Las acusaciones y delitos que les imputa la Fiscalía Federal para el Distrito Sur de Nueva York, por “haberse asociado con el Cártel de Sinaloa para distribuir grandes cantidades de estupefacientes en Estados Unidos” se convertirán en una bomba de tiempo con la que la administración del presidente Donald Trump presionará y amenazará al gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum para que endurezca su lucha contra las organizaciones del narcotráfico, so pena del enorme daño para la imagen de su partido Morena.
Lo que tanto negaron desde Palacio Nacional y del gabinete de seguridad, donde decían desconocer que existía una lista con nombres de políticos y funcionarios mexicanos, a los que el gobierno estadounidense investigaba por presuntos vínculos con el narcotráfico, se confirmó finalmente con el anuncio que ayer hizo el embajador Ronald Johnson, y que representa un duro golpe para la llamada Cuarta Transformación, cuyos políticos y militantes de Sinaloa son señalados por “corrupción que facilita el crimen organizado y afecta a ambos países”, lo que abre la puerta para que otros integrantes de Morena y de la 4T se sumen a la lista de acusaciones por narcotráfico y “delitos relacionados con armas” en los próximos días.
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