Francisco Garfias - Sonora Presente
El caso de los agentes de la CIA que participaron en el operativo para desmantelar un narco laboratorio en la sierra Tarahumara está politizado. No se necesita un sesudo análisis para concluir que es utilizado por el oficialismo para lanzar una ruidosa campaña contra la gobernadora panista de Chihuahua, María Eugenia Campos.
En el estado grande se renueva la gubernatura el año que entra y no quieren desaprovechar la oportunidad de presentarla como “traidora a la patria”, por haber pactado con EU la presencia de sus agentes, sin notificar al gobierno federal.
La presidenta Claudia Sheinbaum cuestiona porqué un gobierno estatal ”se presta” a la violación de la Ley de Seguridad Nacional. Ayer se quejó, incluso, de que la gobernadora no le contestó una llamada.
Los senadores, incluidos los del PAN, aprobaron que la gobernadora y el fiscal estatal, César Jáuregui, sean invitados a una “reunión de trabajo” para que expliquen la presencia de los agentes extranjeros en territorio nacional. El PT reclama juicio político contra la gobernadora. Llegaron al extremo de colocar, como máxima prioridad, la supuesta violación a la Constitución que significa la presencia de los agentes “de la CIA” en el operativo, como si nunca hubiese ocurrido.
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