Jorge Zepeda Patterson - El Siglo de Torreón
Hoy se realizará la consulta para conocer la voluntad de los ciudadanos sobre investigar o no los crímenes del pasado. Un poco como la rifa del avión, esta iniciativa es el resultado de la persistencia del presidente Andrés Manuel López Obrador, personalmente interesado en convertir el tema en un asunto de debate y discusión pública. Pero al igual que la rifa, frente a las muchas dificultades y obstáculos enfrentados, ha terminado por convertirse en un ejercicio un tanto surrealista que cada quien está interpretando a su manera.
Para empezar, por el ajuste que debió hacer la Suprema Corte a la extraña consulta que ponía a consideración de la población si era menester o no enjuiciar a los ex presidentes, como si la aplicación de la ley y el castigo de los delitos tuviese que ser decidido por votación. Contra lo que algunos creen, los ex presidentes no tienen fuero que los exima de ser llevados ante tribunales. Si así fuera sería explicable que se necesitará un mandato jurídicamente superior, en este caso la voluntad popular. Pero al no existir fuero, resulta extraño someter a plebiscito decidir si los ex presidentes deben ser investigados; primero, porque si hay delitos comprobables la Fiscalía no necesita permiso para iniciar una averiguación; y, segundo, porque si no hay delitos comprobables, por abrumador que resulte el sí, tampoco se les pueden fabricar pruebas por más que los que votan así lo hayan decidido. Justo por esa razón la Suprema Corte tuvo que hacer acrobacias para satisfacer la preocupación del presidente sin incurrir en un absurdo jurídico sometiendo a la opinión de la mayoría si se aplica o no la ley. La pregunta sobre la que hoy votan los que acudan a la urna lo dice todo:
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