Periódico La Jornada
El procurador fiscal de la Federación, Carlos Romero Aranda, calculó que tan sólo las empresas factureras dedicadas al outsourcing provocan a las finanzas públicas un quebranto de 200 mil millones de pesos cada año en forma de evasión fiscal. A estas pérdidas se suman 300 mil millones de pesos desviados por los despachos que emiten comprobantes fiscales que amparan operaciones inexistentes, a través de otros esquemas de defraudación.
Romero Aranda dio dicha información en una entrevista efectuada horas antes de que el presidente Andrés Manuel López Obrador se reuniera con representantes del sector patronal, con el fin de acordar una serie de ajustes a la iniciativa de regulación del outsourcing enviada por el Ejecutivo al Congreso el 12 de noviembre.
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