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El interés que suscitaron este febrero los nombramientos y renuncias en la Comisión Intersecretarial de Bioseguridad de los Organismos Genéticamente Modificados, CIBIOGEM, es una oportunidad inédita para escrutar la política nacional de bioseguridad. El referente obligado son las declaraciones del presidente López Obrador desde el Congreso, cuando en su toma de posesión aseveró que “no se permitirá el fracking ni transgénicos”—es decir, la extracción de hidrocarburos mediante fractura hidráulica y los organismos genéticamente modificados, producto de la biotecnología (1). De los 100 compromisos adquiridos ese día (2), “no permitir la introducción y el uso de semillas transgénicas” fue—durante casi tres meses—un compromiso tan intrigante como innecesariamente polémico, pues se temía que implicara incluso la prohibición a la investigación en biotecnología (3). Ostentándose como responsable de facto de la política de bioseguridad, la Dra. Elena Álvarez-Buylla, directora general del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, CONACYT, finalmente elaboró a fines de febrero sobre las declaraciones del presidente y, tratando de darle substancia a su declaración, habló de impedir la liberación al ambiente de organismos genéticamente modificados como un mandato presidencial (4).
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