En un entorno de restricción presupuestal, las finanzas públicas enfrentan una presión adicional por el pago de salarios a los servidores públicos que han interpuesto juicios de amparo contra la reducción de sus ingresos, de acuerdo con especialistas e información oficial.
Datos de la la Procuraduría Fiscal de la Federación dieron cuenta de que se han interpuesto 15 mil juicios de amparo contra la Ley de Remuneraciones, aprobada en la actual legislatura del Congreso y que establece que ningún servidor público puede ganar más que los 108 mil pesos devengados por el Presidente de la República. Ese universo no incluye los juicios de constitucionalidad interpuestos por el Poder Judicial y los órganos autónomos.
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