Rolando Cordera - Periódico La Jornada
Sin un Estado en condiciones financieras saludables no puede haber crecimiento económico sostenido. Menos una redistribución social a la altura de los mandatos y la tradición constitucional mexicana. Sin embargo, el gobierno del presidente López Obrador se ha negado a usar su legitimidad votada para afrontar la fragilidad fiscal del gobierno, posponiendo la cuestión a la segunda mitad de su gestión.
Es probable que el tiempo nos propine una nueva lección sobre las implicaciones nocivas que, para la sociedad y la política tienen decisiones como ésta. No sólo porque la austeridad de las finanzas dificulta o de plano impide al gobierno el cumplimiento de sus promesas y compromisos de campaña, sino porque al hacerse evidente el hueco financiero no le quede más remedio que optar por los nefastos recortes presupuestarios de los que nadie sale indemne.
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