Raymundo Riva Palacio - Expreso
Estrictamente Personal
Hay un patrón que preocupa a quienes ejercen la libertad de prensa y a quienes la defienden, que tiene eventos que corren en paralelo. Algunos son públicos, como la discusión sobre la Ley de las Audiencias, pero otros se manejan con sigilo para que, envueltos en la secrecía, puedan caminar con éxito a su meta: inhibir la libertad de expresión y apoyar demandas contra los periodistas más críticos del régimen de la ‘4T’. Este último caso tiene dos objetivos, definidos y escogidos por la Presidencia: Carlos Loret y Ciro Gómez Leyva, aprovechando la coyuntura de que Israel Vallarta, que ganó fama pública por haber sido una de las personas acusadas de secuestro y detenido junto con la ciudadana francesa Florence Cassez en diciembre de 2005, piensa demandarlos por daño moral.
El caso Cassez tuvo múltiples ángulos e interpretaciones. Cassez se convirtió en un instrumento electoral del presidente Nicolas Sarkozy, cuya detención provocó un enfrentamiento con el presidente Felipe Calderón, quien se negó a extraditarla a Francia, bajo la Convención de Estrasburgo, para que cumpliera su sentencia en una cárcel francesa, y que fue resuelto por sus sucesores, François Hollande y Enrique Peña Nieto, mediante un acuerdo político que incluyó a la Suprema Corte de Justicia, donde el ministro Arturo Zaldívar elaboró el famoso “efecto corruptor” para demostrar que la mediatización de su detención había alterado el debido proceso.
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