Mario Maldonado - Sonora Presente
La presidenta Claudia Sheinbaum alista un decreto para redefinir qué información del gobierno federal podrá reservarse por razones de seguridad nacional o por estar vinculada con procesos judiciales y cuál no. En el sexenio pasado esa figura jurídica fue utilizada para acelerar obras, ocultar contratos y reducir la vigilancia sobre el gasto público, particularmente en proyectos administrados por las Fuerzas Armadas.
El punto de partida fue el 22 de noviembre de 2021, cuando Andrés Manuel López Obrador publicó un acuerdo que declaró de interés público y seguridad nacional las obras prioritarias de su gobierno. El documento abarcó sectores como aeropuertos, ferrocarriles, energía, turismo, comunicaciones, aduanas y medio ambiente, y ordenó a las dependencias otorgar autorizaciones provisionales en un plazo máximo de cinco días hábiles.
El Tren Maya fue el caso más notorio. Fonatur, entonces dirigido por Javier May, avanzó con licitaciones, contratos, cambios de trazo y obras mientras se completaban estudios ambientales, consultas, la liberación de derechos de vía y la ingeniería básica. La consulta indígena de 2019 fue cuestionada por la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas, que advirtió que no había cumplido plenamente con los estándares internacionales.
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