- La estrategia para perseguir a los políticos mexicanos relacionados con el crimen organizado se está manejando directamente desde Washington, donde el Departamento de Justicia quiere acusar a otros tres gobernadores: Marina del Pilar Ávila, de Baja California; Alfonso Durazo, de Sonora, y Américo Villarreal, de Tamaulipas.
Raymundo Riva Palacio - El Financiero
Estrictamente Personal
La estrategia en Palacio Nacional fue diseñada la semana pasada: echar toda la caballería de la ‘4T’ para que las críticas sobre la captura de Ismael Zambada, a la sazón jefe del Cártel de Sinaloa, recaigan en el gobierno de Estados Unidos para responsabilizarlo de las malas condiciones en la relación bilateral. Es una apuesta muy costosa si sale mal, como probablemente suceda. Pero la presidenta Claudia Sheinbaum está dispuesta a jugarla, aparentemente sin medir las consecuencias que puedan venir.
Mensajes llegados por vía diplomática al Zócalo precisaron que la estrategia para perseguir a los políticos mexicanos relacionados con el crimen organizado se está manejando directamente desde Washington, donde el Departamento de Justicia quiere acusar a otros tres gobernadores: Marina del Pilar Ávila, de Baja California; Alfonso Durazo, de Sonora, y Américo Villarreal, de Tamaulipas. No hay mucho nuevo porque sus nombres ya han sido mencionados públicamente. Lo novedoso es el compromiso con todos los gobernadores de la ‘4T’ de no entregar a nadie.
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