Por Carlos Bravo Regidor - The New York Times
Bravo Regidor es un analista político mexicano. Escribe desde Ciudad de México.
En abril, cuando Estados Unidos acusó formalmente a Rubén Rocha Moya, gobernador en funciones del estado mexicano de Sinaloa, cruzó una línea que ambos países habían evitado por décadas. Washington ya no le estaba pidiendo ayuda a México para detener a un fugitivo, extraditar a un narcotraficante o acabar con el líder de un cártel. Exigía que el gobierno mexicano combatiera las redes de protección política que han permitido que prospere el poder de los cárteles en México.
Los fiscales estadounidenses han acusado a Rocha y a otros funcionarios de Sinaloa de facilitar el narcotráfico a Estados Unidos y de proteger a miembros del crimen organizado a cambio de sobornos y apoyo político. En la acusación también se alega que Rocha —un antiguo aliado del expresidente Andrés Manuel López Obrador y destacado integrante del partido gobernante en México, Morena— ganó la gubernatura en 2021 con la ayuda del Cártel de Sinaloa, una de las organizaciones delictivas más conocidas del país. Rocha ha negado los cargos, pero las repercusiones van mucho más allá de él. Su acusación se ha convertido en una prueba de soberanía, lealtad partidista y poder político en México, y en una nueva fuente de tensión entre Washington y Ciudad de México.
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