Jorge Fernández Menendez - Excélsior
Más allá de los comunicados, la reunión que mantuvieron el jueves en Palacio Nacional el director de Homeland Security, Markwayne Mullin, y la presidenta Sheinbaum, no terminó bien. El responsable de Seguridad Nacional de Estados Unidos insistió en la necesidad de entregar a Rubén Rocha y a los otros políticos acusados de pertenecer al Cártel de Sinaloa, incluso le explicó a la Presidenta que el estatus legal de los acusados había cambiado: desde el momento en que se entregaron el exsecretario de Seguridad, Gerardo Mérida, y el exsecretario de Finanzas, Enrique Díaz, que se declararon culpables y comenzaron a colaborar con las autoridades, Rocha, Enrique Inzunza y los otros seis ya no son pedidos para su detención con fines de extradición, sino ya son procesados, ya comenzó en Estados Unidos el juicio contra ellos, porque los que se entregaron ya los inculparon. Y por eso demandó la extradición inmediata de todos ellos.
La presidenta se negó, sostuvo que serán juzgados en México, si es que se encuentran pruebas en su contra y, en tono mañanera, le volvió a recetar a Mullin el discurso de la soberanía. La negativa se mantuvo férrea, pero entonces el secretario Mullin le informó a la mandataria que seguirán las denuncias contra políticos y funcionarios mexicanos e incluso le adelantó los que vienen en los próximos días: el gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal, y 20 funcionarios y cercanos suyos en el estado; la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila, y otros 12 acusados en el estado; el gobernador de Sonora, Alfonso Durazo, y nueve políticos y funcionarios estatales; y el gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedoya, acompañado por 11 miembros de su equipo y personajes cercanos. Mullin informó que, en la medida en que no se avance en las detenciones, se irán tomando medidas contra éstos y otros personajes políticos mexicanos, porque la lista es mucho más extensa.
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