Mario Maldonado - Diario de Chiapas
El gobierno de Claudia Sheinbaum comienza a enfrentar una contradicción cada vez más evidente en el mercado del gas LP, pues mientras mantiene topes de precios y acuerdos políticos con el sector formal, el llamado “huachigas” gana terreno en regiones completas del país y exhibe uno de los problemas menos atendidos dentro de la estrategia de seguridad y energía.
La narrativa oficial sobre el combate al robo de combustibles ha estado históricamente concentrada en las gasolinas y el diésel, aunque el negocio criminal migró desde hace tiempo hacia un mercado menos visible, pero, en algunos territorios, igual o más rentable. El gas LP tiene una ventaja para las organizaciones delictivas, ya que es un producto de consumo masivo en México. Más de siete de cada 10 hogares lo utilizan diariamente para cocinar, calentar agua o abastecer pequeños negocios.
Datos de Pemex sistematizados por el observatorio ciudadano IGAVIM muestran que el robo de gas LP se disparó en los últimos años. Puebla volvió a colocarse como el principal foco rojo del país con 426 tomas clandestinas detectadas en ductos de gas LP durante 2024. En el primer semestre de 2025 acumulaba ya 218 perforaciones, equivalente a más de 40% del total nacional. Municipios como Tepeaca, Quecholac, Palmar de Bravo y San Martín Texmelucan continúan operando como corredores plenamente identificados de extracción y distribución ilegal.
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