Mario Maldonado - El Universal
El presidente Andrés Manuel López Obrador no ha dejado de hablar de la reforma al Poder Judicial de la Federación (PJF). Desde llamar traficantes de influencias a los ministros de la Corte, tildar de corruptos a los jueces y magistrados -salvo “honrosas excepciones”- y considerar que está “podrido” en su totalidad, el jefe del Ejecutivo no ha escatimado en ataques. Quiere que ese sea su legado y no va a parar.
Serán tres meses de incertidumbre, o más, para que, entrado septiembre, Morena y sus aliados hagan realidad el sueño del Presidente de echar a patadas a los ministros y ministras de las administraciones pasadas y los que su gobierno promovió, pero que considera que lo “traicionaron”. Lo mismo con los jueces y magistrados que cree que jugaron “fuercitas” con su gobierno, a quienes tiene bien identificados. López Obrador quiere venganza y se la está saboreando, por más insensato que eso parezca.
En este impasse, entre que se lleva a cabo la discusión y socialización de la reforma judicial y se somete a votación en el Poder Legislativo, no hay certeza de que las resoluciones y sentencias de jueces, magistrados y ministros están siendo tomadas con total independencia y transparencia, o peor, que se puedan echar abajo tras la reconfiguración del todo el sistema judicial.
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