Raúl Rodríguez Cortés - © Proporcionado por El Universal Online
Nadie en su sano juicio podría negar la descomposición existente en la administración de justicia del país, sin que eso quiera decir que todos los jueces sean corruptos y que entre todos ellos no los haya honestos y sólidamente preparados. Tampoco podría afirmar que a lo largo de nuestra historia se haya respetado a cabalidad la división y el equilibrio entre los poderes de la unión.
La iniciativa de reforma al Poder Judicial que estos días está en el centro del debate nacional, sobre todo por su proposición central y más polémica de elegir por la vía del voto ciudadano a ministros, magistrados y jueces, pretende, desde la perspectiva del gobierno, poner coto a métodos de designación interesados, limpiar la corrupción y propiciar así una auténtica división y equilibrio de poderes.
Quienes se oponen consideran, sin embargo, que lo que verdaderamente pretenden AMLO y la 4T es supeditar al Poder Judicial al control del Ejecutivo y tomar bajo su férula las decisiones sobre la constitucionalidad de nuestro marco normativo.
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