- Quien tendría que rendir cuentas ante la historia y, eventualmente, ante la justicia, sería Peña Nieto, a quien un crimen municipal se le volvió de Estado, comenta Raymundo Riva Palacio.
El Financiero
En 29 días, presumió Tomás Zerón, jefe de la Agencia de Investigación Criminal de la PGR, la investigación sobre la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa en Iguala, la noche del 26 de septiembre de 2014, estaba concluida. Se lo dijo al procurador Jesús Murillo Karam, y a los secretarios de Gobernación, de la Defensa y la Marina. Habían detenido a casi 100 personas, obtuvieron las confesiones del crimen y establecieron la red de protección institucional existente aquella noche en Iguala. “Se lo tienes que explicar al presidente”, dijo el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong. Días después en Los Pinos, tras su exposición, le dijo el presidente Enrique Peña Nieto: “No quiero pasar como el presidente que asesinó a los estudiantes”. Sólo había un problema, replicó Zerón, ¿cómo explicar públicamente lo que había sucedido en Iguala?
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