Orlando Delgado Selley - Periódico La Jornada
La extrema desigualdad en América Latina y el Caribe es un obstáculo para un sistema democrático capaz de garantizar derechos a toda la población. La riqueza acumulada en unas cuantas familias les permite influir para aprovechar las políticas públicas, obstaculizando la responsabilidad de los Estados para garantizar derechos a toda la población. La política tributaria es una muestra de cómo se limita la capacidad del Estado para enfrentar la desigualdad, e incluso puede aumentar la pobreza. Este es el señalamiento con el que se abre el importante estudio difundido por Latindadd, la Red Latinoamericana por Justicia Económica y Social, titulado Impuestos a la Riqueza ¡ya!
El planteamiento se sustenta en una realidad: la concentración del ingreso y la riqueza en nuestra región es impresionante. Sin embargo, las encuestas ingreso-gasto que realizan los países de América Latina no dimensionan adecuadamente la desigualdad. La más reciente Encuesta Nacional sobre Ingreso-Gasto de los Hogares, la ENIGH, realizada por el Inegi a mediados de 2018, subestima significativamente los ingresos de los más ricos en el país y, también, sobreestima los ingresos de los más pobres. De acuerdo con la ENIGH 2018, el decil X, en el que se ubicaría 10 por ciento de los hogares más ricos, se apropió de 33.6 por ciento del ingreso corriente total que estimó la encuesta. La mitad más pobre, la suma de los deciles I al V, ganó apenas 21.2 por ciento del ingreso total. Estos datos son, sin duda, dramáticos, pero es necesario señalar que no son realistas.
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