- Al gobierno de México le urgía cerrar el caso del exsecretario de la Defensa y evitar que contaminara la relación con EU
Salvador García Soto - El Universal
Los ecos de la exoneración del general Salvador Cienfuegos siguen resonando no sólo en Palacio Nacional, donde el presidente López Obrador inició las descalificaciones y cuestionamientos a la DEA y la seriedad de sus investigaciones, sino también en la Fiscalía General de la República, donde el fiscal Alejandro Gertz Manero ahora se suma al linchamiento contra la agencia antidrogas estadounidense a los que llama “rajones” por haberse desistido de sus acusaciones al militar mexicano y amenaza con llevar el caso a instancias internacionales para validar la actuación de la FGR en este caso.
Pareciera que, en vísperas del arranque del nuevo gobierno de Joe Biden, cuya presidencia se inaugura hoy, al gobierno de México le urgía cerrar el expediente del exsecretario de la Defensa y evitar que el caso contaminara la relación que ya de por sí se ve venir complicada con la nueva administración de la Casa Blanca. Por eso la premura de la Fiscalía y del fiscal Gertz por darle carpetazo al asunto con una negativa al ejercicio de la acción penal, a partir de la debilidad y de lo inverosímil de las pruebas que aportó la DEA y que, sin investigar demasiado, fueron desechadas y desestimadas por la instancia de justicia mexicana.
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