El gobierno de Boris Johnson aprovecha el abultado triunfo electoral de diciembre pasado para imponer medidas para controlar la economía; redefinir los límites del Poder Judicial; acomodar las relaciones con la prensa–incluida la BBC, a la que ha puesto en la picota– y con las universidades, ambas las considera insumisas; reordenar las condiciones de la sanidad pública con sesgos privatizadores y, por supuesto, replantear de modo radical la vecindad con la Unión Europea.
En este último caso, el gobierno se propone afianzar las fronteras por medio de medidas comerciales proteccionistas y con nuevas pautas sobre la inmigración.
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