La gran noticia no es que el hijo de Joaquín El Chapo Guzmán Loera, Ovidio Guzmán, se haya escapado temporalmente de la acción de la justicia, sino que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador está demostrando que no respetará los viejos pactos entre el Cártel de Sinaloa y el Estado mexicano. La osadía del gobierno federal de intentar detener a Ovidio el jueves pasado en Culiacán simboliza el principio del fin del narcoestado mexicano consolidado durante los sexenios de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto.
Antes, los capos no tenían miedo. Se entregaban a las autoridades y se paseaban tranquilamente con sus esposas puestas frente a los medios de comunicación con la confianza de que tarde o temprano el gobierno o los jueces los dejarían libres. Los narcos tenían tan profundamente infiltrado al Estado mexicano, que no tenían problema alguno en participar en el show orquestado por sus amigos en el poder.
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