- Si el Gobierno no quiere aumentar el gasto, las prestaciones caerán cerca del 40%
Hace demasiado tiempo que el debate actual sobre los problemas de nuestro sistema de pensiones se desenvuelve en uno de los ámbitos más inquietantes: el terreno del absurdo. No es una afirmación exagerada. En realidad, si lo contemplamos con cierto detalle, hay pocos aspectos que escapan a este singular diagnóstico.
El Gobierno impulsó en 2013 una reforma del modelo de revalorización de las pensiones, vinculado hasta entonces a la evolución de los precios, que suponía una congelación de facto de su cuantía (¿cómo calificar de otra forma un aumento anual del 0,25%?), pero a la vez critica al Gobierno anterior por haber acordado la congelación de las pensiones más altas en 2010.
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