Raymundo Riva Palacio / El Financiero
A los niños, dice el gobierno, los maestros, los políticos y la Suprema Corte de Justicia, se les deben garantizar plenamente sus derechos. El Estado, coinciden, tiene como deber velar por el interés supremo de los niños. Esa es una de las líneas garantistas de la reforma educativa que este martes la Suprema Corte ratificó al votar unánimemente la constitucionalidad de la evaluación de los docentes. La disidencia magisterial perdió la batalla, pero quien piense que acabó la revuelta, se equivoca. Los niños son un mero pretexto. El poder y el dinero es el nombre del juego. La disidencia regresará, y en el secretario de Educación, Emilio Chuayffet, tienen un apoyo.
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