No hay panacea; cada país debe aplicar los cambios más adecuados a sus características
Carmelo Mesa-Lago / El
País
España y otros países europeos están
implementando reformas “paramétricas” de sus pensiones públicas de seguridad
social para hacerlas sostenibles en el largo plazo, frente al envejecimiento
poblacional que de forma crucial aumenta los costes y reduce los ingresos del
sistema. Opuestas a las reformas paramétricas, que intentan fortalecer un
sistema público elevando las edades de retiro o ajustando las pensiones, las
reformas “estructurales” cierran el sistema público y lo transforman, total o
parcialmente, en privado. La reforma española ha generado gran controversia,
pero lo mismo ocurre con la privatización de las pensiones que comenzó en Chile
en 1981 y se extendió a 23 países, 11 de ellos en Iberoamérica. Los sistemas
públicos se caracterizan por prestación definida (establecida por ley),
financiación por reparto (con solidaridad intergeneracional) y gestión pública,
mientras que los sistemas privados se distinguen por la cotización definida
(porque se asume que no cambia en el tiempo), capitalización individual
mediante cuentas individuales de ahorro, propiedad del asegurado, y
administración privada con fines de lucro.
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