- “Más allá de los aciertos y desaciertos de la 4T en materia de seguridad pública, es evidente que se trata de una de las prioridades para los ciudadanos”.
Jorge Zepeda Patterson - Sin/Embrgo
Lo que está sucediendo en Chiapas con la expulsión de la población de comunidades completas por parte de los criminales o las acusaciones de Trump sobre el narcoestado fuera de control que constituye México y, por ende, la necesidad de una intervención directa, revelan el tamaño de la crisis. Pueden pensarse paliativos de las dos alarmantes noticias, es cierto. En Chiapas se trata de pequeñas localidades y en algunas de ellas la violencia es una versión descompuesta de las viejas rencillas por tierras y bosques, potenciadas ahora por los narcos. Y lo de Trump, es Trump; un candidato en una campaña circense cargada de palabrería insustancial. Pero el impacto mediático de estos temas toma credibilidad en el contexto de una estadística roja que alimenta el temor y la exasperación de los ciudadanos por el efecto acumulado de tantas décadas de vulnerabilidad.
Puede tener razón López Obrador cuando afirma que el número de asesinatos ha descendido alrededor de un 20% respecto al país que recibió o que los secuestros son menos que la mitad. Pero, del otro lado, hay muchas evidencias de que la extorsión y los asaltos a carreteras se han acentuado; y sobre todo queda la sensación de que el control de los territorios por parte de las bandas criminales se ha hecho absoluto en algunos bolsones de la geografía nacional. En partes del sureste se ha retrocedido, en Guanajuato y Morelos también; en actividades como aguacate o el limón el crimen organizado se ha consolidado como un nuevo agente económico.
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