Miguel Badillo - Contralínea
Avanzan las investigaciones en la FGR contra el expresidente Enrique Peña Nieto y 18 personas más –la mayoría familiares cercanos, como exparejas, padres, hermanos, tíos y sobrinos, pero también contra sus socios–, por lavado de dinero, enriquecimiento ilícito y evasión de impuestos. En las indagatorias se pone atención a las operaciones de las empresas Plasti-Esteril, SA de CV; Desarrolladora Homex, SAB de CV; Impulsora Agrícola La Laguna, SPR de RL; y Expectras, SA de CV. Y se apunta el presunto traslado de dinero público –vía contrataciones multimillonarias– a las personas morales, así como transferencias presuntamente ilícitas de esas compañías a las personas físicas, incluido el priísta que gobernó el país entre 2013 y 2018
Primera parte. Durante varios sexenios, los contratos gubernamentales en los rubros de la salud y la construcción fluían impunemente hacia el sector privado con el propósito de repartir cientos de miles de millones de pesos de dinero público entre políticos, servidores públicos y empresarios corruptos, siempre con la anuencia y complicidad del presidente de la República en turno, lo cual explica porque nunca enfrentaron la justicia y mucho menos pisaron la cárcel.
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