APRO
Si José Antonio Romero Tellaeche no renuncia a la dirección general del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), podría caer por la vía legal, debido a los amparos interpuestos contra el proceso de designación, “porque es burda la violación a la normatividad y los argumentos son sólidos”, afirma Javier Martín Reyes, académico de ese centro de estudios, experto en derecho constitucional y uno de los abogados involucrados en la defensa de la comunidad cideíta.
Hasta el momento, estudiantes y profesores han interpuesto al menos 11 amparos contra la designación “irregular” de Romero hecha por la directora general del Conacyt, María Elena Álvarez-Buylla. Y aunque la justicia no les ha concedido la solicitud para que se detenga el nombramiento, el proceso no está cancelado: en la semana que corre están programadas tres audiencias incidentales y se prevé que se interpongan más amparos, adelantan a Proceso representantes de la comunidad estudiantil y académica.
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