La crisis huachicolera en Tlahuelilpan, Hidalgo, se perfila como el Ayotzinapa del gobierno actual; y no por responsabilidad directa en la tragedia, sino porque reveló la ausencia por segunda ocasión de una verdadera estrategia de seguridad.
Y de nueva cuenta, de manera oportunista, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos está distrayendo las primeras indagatorias al involucrar al ejército por no actuar contra el pueblo, cuando las fuerzas armadas tienen quejas por meterse en asuntos civiles. El ejército en Tlahuelilpan carecía de facultades legales para intervenir porque no se trataba de un asunto de seguridad nacional directa y en seguridad pública siempre acompaña a la autoridad civil.
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