- La filtración de datos fiscales convierte la relación de investigados en un arma política
EL PAÍS
La investigación del caso Rato por supuestos delitos fiscales, blanqueo de dinero y alzamiento de bienes se ha convertido en la demostración palmaria de una mala gestión política y jurídica. Casi una semana después de que se filtrara la información de que el exvicepresidente del Gobierno se había acogido a la amnistía fiscal de 2012 y pasados varios días desde que Rodrigo Rato fuera detenido durante horas mientras se registraban su domicilio y su despacho, el Gobierno ha sido incapaz de explicar la lógica enrevesada de las sucesivas intervenciones de la Agencia Tributaria, el Sepblac (Servicio de Prevención de Blanqueo de Capitales), el recurso apresurado a un juez de guardia para justificar la detención o, lo que es más chocante, detallar las acusaciones que formulan la Agencia Tributaria y el Sepblac. Todo lo que se ha conseguido confirmar es que la Agencia dispone de una lista de 715 sospechosos de blanqueo de capitales.
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