Jorge Fernández Menéndez - Sonora Presente
Mañana se cumplen seis meses de que la Fiscalía del sur de Nueva York pidió la detención con fines de extradición del gobernador Rubén Rocha Moya, del senador Enrique Inzunza y de otros ocho funcionarios del gobierno de Sinaloa, acusados de haber protegido y participado de las actividades del Cártel de Sinaloa, en particular de la facción de Los Chapitos.
Del lado mexicano, la línea ha sido consistente: no hay pruebas. Lo dijo la presidenta Claudia Sheinbaum al día siguiente de la acusación; lo repitió la Consejería Jurídica al tratar de distinguir, en forma confusa e ignorante, entre una solicitud de detención provisional y una solicitud formal de extradición; lo planteó la Cancillería en una nota diplomática y lo formalizó la FGR en julio, cuando el fiscal David Boone de la Garza aseguró que no había elementos “que alcancen el estándar probatorio mínimo de la ley mexicana”. Ese día agregó un dato que no es menor: la FGR no está investigando los delitos financieros. Es decir, no está siguiendo el dinero, que es precisamente lo que sostiene la acusación en Nueva York.
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