Salvador García Soto - Serpientes y Escaleras
El estado de Morelos enfrenta una grave crisis de inseguridad por la expansión del crimen organizado, la violencia y los presuntos vínculos entre autoridades y grupos criminales. Con la gobernadora Margarita González Saravia totalmente rebasada y la población morelense desesperada e indignada, el gobierno de la presidenta Sheinbaum tuvo que entrarle al quite, pero lejos de ordenar un operativo rápido y contundente, la doctora ordenó “una consulta” para diagnosticar la situación morelense, lo que llevará por lo menos un mes.
Las cifras de los graves delitos que padecen los morelenses ameritarían una decisión más rápida del gobierno federal. En 2023 la entidad registró 1,502 homicidios, mientras que en 2026 las denuncias por extorsión aumentaron 61.5%, colocando al estado en el primer lugar nacional por este delito. Además, el 80.2% de la población del área metropolitana de Cuernavaca percibe inseguridad y Morelos ocupa el cuarto lugar entre los estados menos pacíficos del país.
Y por más que las cifras del gobierno hablen de una reducción del 54% en homicidios, en Morelos persisten la impunidad, las disputas territoriales y la desconfianza ciudadana sobre la eficacia gubernamental. El impacto económico de la violencia supera el 33% del PIB estatal, evidenciando sus graves consecuencias sociales, económicas e institucionales; en paralelo, evidencia los montos redituables de ingresos para la delincuencia.
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