Jorge Bravo - El Economista
El gobierno federal quiere que las plataformas digitales identifiquen edades, retiren contenidos violentos de inmediato, vigilen sus sistemas de recomendación y entreguen pruebas a las autoridades. Todo eso forma parte del decreto para crear entornos digitales seguros para niñas, niños y adolescentes, publicado el 14 de octubre en el Diario Oficial de la Federación.
Hay preguntas que la norma no responde con la misma claridad. ¿Qué hará el Estado para prevenir la violencia escolar, investigar y proteger a las víctimas? Las plataformas ya moderan contenidos, pero no sustituyen a la policía cibernética, las fiscalías, las escuelas ni los servicios de salud mental.
El decreto impone obligaciones a las plataformas, pero deja la política pública en declaraciones. La protección de la niñez no depende de que una app borre publicaciones. Hace falta prevención, investigación, atención a víctimas y autoridades capaces de actuar antes de que el daño ocurra.
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