- La nueva ley busca armonizar los registros inmobiliarios, pero su aplicación plantea desafíos para los municipios y las familias. Actualizar el valor de una vivienda puede aumentar el impuesto, incluso sin que ello signifique que los propietarios tengan ingresos suficientes para sufragarlo.
Autor: Inteligencia Pública
Por Marco Cancino* - Animal Político
Una maestra jubilada quería vender su casa en Tijuana y regresar a La Paz. En lugar de cerrar el trámite, se encontró con un cobro de agua por 51,879 pesos que no le correspondía. Habían asociado otra cuenta a la clave catastral de su vivienda. Catastro expidió constancias para aclararlo y la dependencia del agua reconoció el error, pero ella terminó pagando parte del adeudo para continuar con la venta. Durante la espera, contó, tuvo que dormir sobre una alfombra. El semanario ZETA documentó su historia en julio de 2024. Para la administración era una cuenta que debía corregirse; para ella eran dinero, tiempo y salud.
Ahí comienza la necesidad de modernizar los registros inmobiliarios: en una persona que necesita que sus documentos le permitan disponer de su patrimonio. El problema de la maestra era un cobro de agua, pero la confusión entre cuentas y claves muestra lo que ocurre cuando la información no se verifica y las oficinas no resuelven juntas. A escala nacional, el INEGI reportó que al cierre de 2024 solo 65 por ciento de los casi 45 millones de predios inscritos en los padrones tenía representación cartográfica. No demuestra evasión; muestra cuánto falta por conocer y ordenar antes de tomar decisiones que afectan a sus propietarios.
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