Por: Héctor Barragán Valencia - El Economista
Las intenciones de las políticas de los gobernantes suelen tener un claro propósito, pero la realidad nacional es tan compleja que tienen efectos imprevistos. Dos ejemplos: los programas sociales y el acoso del gobierno de Donald Trump a presuntos políticos vinculados a los narcotraficantes. En el primer caso, el monto de los recursos ya tiene una masa crítica que puede tener un alcance más allá del beneficio que reciben las personas: en los primeros dos años de este gobierno se destinaron a este rubro 1.3 billones de pesos y para 2027 se prevé una inversión un poco mayor a 1.1 billones. Así, en tres años el monto será de 2.4 billones, una cifra casi igual a la destinada en todo el sexenio anterior, que fue de 2.7 billones de pesos. La intención es clientelar: el grupo en el gobierno desea mantener el poder. Sin embargo, la hipótesis de este artículo es que ese enorme flujo de recursos a la parte olvidada de la población puede ser un paso hacia la reconstrucción del Estado. Tiene el potencial para arrebatar al crimen organizado y a otras redes de poderes informales las porciones del territorio nacional en sus manos.
Ingenuamente se hizo propaganda en el sexenio pasado que el programa de Jóvenes construyendo el futuro sería suficiente para evitar que esta parte de la población mexicana se vinculara a las mafias. Hoy, el conjunto de los programas sociales sí tiene el potencial para competir con las redes criminales de poder que, se dice, se han expandido por casi todo el país y su dominio es hegemónico en algunas zonas
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