Héctor de Mauleón - Sonora Presente
La bomba que el Departamento del Tesoro soltó el martes pasado toca por muchos caminos el corazón del gobierno de Marina del Pilar Ávila Olmeda, en Baja California. La morenista no aparece, sin embargo, en la lista de 21 personas y 25 empresas ligadas al Cártel de Sinaloa, dada a conocer por la Oficina de Control de Activos Extranjeros, OFAC.
Según se reveló a través de una serie de audios, Ávila Olmeda había tocado varias puertas con funcionarios del gobierno de Estados Unidos a fin de buscar un arreglo frente a las investigaciones que recaían sobre ella, sobre su exesposo Carlos Torres Torres -encargado en su gobierno de una oficina de “proyectos especiales” desde la que se convirtió en gran operador político del estado-, y sobre la red de protección política y financiera que el Cártel de Sinaloa recibió, de acuerdo con el Tesoro, desde lo más alto del poder en Baja California.
En el estado no queda duda de que Marina del Pilar habló. El esquema trazado por la OFAC llega al centro del poder en Baja California, pero a ella no la toca.
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