Maité Azuela - El Siglo de Torreón
Contracorriente
Quizá la Fiscalía buscó a Rafael Ojeda en los barcos equivocados. El huachicol fiscal ofrece imágenes irresistibles: buques con diésel disfrazado de lubricante, pedimentos falsos, marinos presos, 10 millones de litros asegurados en Tampico. Pero las pistas que importan no están en el mar. Están en el dinero que acumuló la Marina, en los controles que nunca existieron, en una esposa que movía ascensos desde su casa y en una denuncia que la Presidenta jura que existe y de la que la propia Fiscalía no tiene registro.
Primero, el dinero. Ojeda recibió una institución armada y entregó un emporio. Le dieron puertos, marina mercante, aduanas marítimas, el Tren del Istmo y el AICM. Cada entrega llegó con presupuesto y caja. México Unido Contra la Delincuencia lo documentó en su investigación “El negocio de la militarización. Opacidad, poder y dinero”: 227 funciones civiles transferidas a militares en 12 años, 74 mil millones de pesos, con sobreejercicios y discrecionalidad. En Marina, en 2020, 72% de sus compras fueron adjudicación directa. En 2022, 30% del presupuesto se ejerció en conceptos distintos a los aprobados. Cuando recibió la marina mercante, sus ingresos propios crecieron 400% en un año. No es delito, es poder sin auditoría, porque la militarización se vendió como honestidad. El uniforme era la auditoría.
No hay comentarios:
Publicar un comentario