Mario Maldonado - Sonora Presente
Han pasado 142 días desde que Estados Unidos solicitó la detención provisional con fines de extradición de Rubén Rocha Moya y otros nueve funcionarios y exfuncionarios de Sinaloa. La petición llegó a la Secretaría de Relaciones Exteriores el 28 de abril y fue turnada a la FGR. México no ha detenido al gobernador ni a los otros imputados, mientras que dos de los acusados que cruzaron la frontera ya están bajo custodia estadounidense.
La fecha cobra relevancia por dos temas que se cruzaron durante los festejos patrios. La presidenta Claudia Sheinbaum cerró su segundo Grito con una arenga que sintetizó la posición de su gobierno frente a Estados Unidos. “¡Viva México libre, independiente y soberano!”, exclamó en el Zócalo. La soberanía ha sido su principal argumento para rechazar cualquier intento de intervención y exigir pruebas contra los funcionarios mexicanos señalados.
Ese mismo 15 de septiembre, Donald Trump presentó al Congreso estadounidense su determinación anual sobre los principales países de tránsito y producción de drogas ilícitas. El documento, difundido al día siguiente por el Departamento de Estado, colocó sobre la mesa una nueva exigencia. México debe “identificar, detener y procesar a los numerosos funcionarios públicos corruptos que se han coludido con los cárteles”, escribió el presidente. Esos servidores públicos, agregó, han traicionado “la seguridad y la soberanía de su propio país”. Es la primera vez que lo plantea expresamente en una determinación sobre México.
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