Agustín Basave - Milenio
La elección de los juzgadores por votación popular no contrarrestaría la corrupción en el Poder Judicial. Legisladores y gobernantes corruptos, todos ellos electos por el pueblo, abundan en México. ¿Para qué serviría entonces elegir a ministros, magistrados y jueces? Para incentivar sentencias bien vistas por la gente, justas o injustas. El presidente López Obrador dice que eso los despegaría de los ricos y los acercaría a los pobres, lo cual es falso. No solo porque sobran políticos votados por los de abajo que ya en el poder privilegian a los de arriba sino también, y sobre todo, porque no es ese el papel de la judicatura.
No soy jurista, aclaro, pero los politólogos también estudiamos la justicia. Y yo no recuerdo, de entre los diversos análisis taxonómicos, nada que desmienta que la tarea primordial del Poder Judicial es la justicia conmutativa o “legal” (con la procesal, la retributiva, la restaurativa y el etcétera complementario que se quiera). Hasta donde yo aprendí, la justicia distributiva le corresponde preponderantemente a los Poderes Legislativo y Ejecutivo. Pero dejemos la teoría y volvamos al sentido común: a los diputados y senadores les toca hacer leyes para forjar una sociedad más justa y al presidente ejecutarlas, junto con políticas públicas con el mismo propósito. De eso que se conoce como justicia social a los juzgados llega poco: si acaso, incorporar en un fallo consideraciones constitucionales de equidad. Lo suyo es juzgar conforme a Derecho.
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