Por Isaac Katz - El Economista
Como se ha comentado por parte de diversos analistas, que la coalición Morena-Partido del Trabajo y Partido Verde Ecologista de México obtengan mediante la asignación de diputados de representación proporcional una sobrerrepresentación de 20% en lugar del límite establecido en la Constitución de 8 por ciento. De darse esta asignación, la coalición tendría 74% del total de 500 diputados habiendo obtenido el 54.7% de los votos. Con esta sobrerrepresentación, la coalición tendría la mayoría calificada en la Cámara Baja lo que les permitiría, por sí mismos, modificar la Constitución. (Faltaría aún que esa mayoría calificada también la tuvieran en el Senado de la República, la cual podrían obtener mediante un proceso de chantaje/compra de los votos de algunos senadores de oposición).
Que la coalición gobernante tenga la mayoría calificada en ambas cámaras del Congreso les permitiría aprobar todas las reformas constitucionales propuestas por López el 5 de febrero. La atención ha estado centrada en tres reformas: la del Poder Judicial que lo subordinaría de facto al Poder Ejecutivo, la desaparición de los diputados y senadores de representación proporcional y de senadores de primera minoría (a lo cual hay que agregar la prohibición para la reelección inmediata de legisladores propuesta por Sheinbaum) y la extinción de los órganos autónomos del Estado mexicano (INE, Inai, IFT y Cofece). De ser aprobadas estas reformas, se le habrá dado un golpe mortal a la democracia en México, transitando así hacia un régimen autoritario en donde no habría garantía de protección judicial de los derechos individuales (incluida la propiedad), sin transparencia ni rendición de cuentas y con la presencia de partidos de oposición en el Congreso, en el mejor de los casos, únicamente testimonial.
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