Salvador García Soto - El Universal
La presentación de dos acciones de in constitucionalidad contra la Ley de Remuneraciones de los Servidores Públicos, por parte de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y del bloque opositor del Senado de la República, alcanzó a salvar, literalmente, al cuarto para las 12, la revisión constitucional de esa legislación.
Porque el fondo de este asunto, que podría declarar inconstitucional la revisión de salarios y la obligatoriedad del tope de 108 mil pesos que gana el Presidente, estuvo a punto de irse al limbo y de no ser analizado, al romperse la mayoría de ministros de la Suprema Corte, con cuatro votos que rechazaron discutir las impugnaciones, contra la primera versión de la Ley de Remuneraciones aprobada en diciembre de 2018 por la mayoría de Morena, y modificada después por el Congreso en casi 90% de su contenido en abril de 2019.
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