La reciente ola crisis de violencia criminal en la república tiene una explicación: el 21 de diciembre se promulgó legalmente la Ley de Seguridad Interior, por lo que toda movilización de fuerzas federales dejo de ser sin controles. Sin embargo, las controversias constitucionales han impedido su funcionamiento. Por tanto, el país se encuentra sin estructura de seguridad interior.
Explosiones de violencia criminal en Acapulco, Tamaulipas, Veracruz, Ciudad Juárez, Nuevo León, Reynosa, Los Cabos y Cancún, entre otras plazas, tienen que enfrentarse sólo con fuerzas estatales y municipales, muchas de ellas sin capacidad ni organización y otras todavía penetradas por intereses del crimen organizado.
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