- Académicos y organizaciones de la sociedad civil ven en los decretos una vía para que "se haga negocio" con recursos hídricos cuyo uso estaba limitado, mientras la Conagua niega que sea una privatización
El Gobierno mexicano promulgó el pasado 5 de junio una decena de decretos que eliminan la protección sobre grandes cuencas hídricas del país norteamericano y que, en la práctica, abren la puerta al uso de esa agua por parte de agentes privados. En los citados decretos presidenciales, Enrique Peña Nieto, convierte las zonas de veda —en las que la extracción de agua está casi completamente restringida— en zonas de reserva —también protegidas, pero en las que se permite, de manera limitada, la explotación, uso o aprovechamiento del agua, incluso por parte de privados, si las autoridades lo consideran "de utilidad pública"— y deja, según dos juristas consultados, en manos de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) la posibilidad de otorgar concesiones de uso de este recurso a compañías de diversos sectores, entre ellos la minería, la fracturación hidráulica (fracking), la industria refresquera o la generación de energía hidroeléctrica. La citada Conagua ha desmentido tajantemente en un comunicado que se trate de una privatización del agua.
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