La nueva ley es obligación de funcionarios y empresas, para las cuales, en caso de corrupción, la sanción puede ser la extinción de dominio o la disolución.
Mauricio Rubí / El Economista
Se advirtió que la ley establece que los tribunales de justicia administrativa impondrán las sanciones. Foto EE: Hugo Salazar
Los particulares -como son las empresas- podrán ser sancionadas por tribunales independientes y de nueva creación a partir de la reforma constitucional anticorrupción, que entró en vigor, cuando cometan delitos graves.
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