jueves, 30 de julio de 2026

Derechos de las audiencias y límites del soberano

  • La pregunta es cómo hacer algo para mejorar los contenidos o hacerlos mínimamente responsables, sin dar un instrumento de control a la fuerza política gobernante, cualquiera que ella sea  

Malte Mueller (Getty Images/fStop)

Jorge Zepeda Patterson - El País

Es explicable el deseo del Gobierno de garantizar los derechos de las audiencias a ser informadas y no desinformadas y a cuidar la calidad de la conversación pública. Ninguna vida democrática es sustantiva si los ciudadanos forman su opinión con datos equivocados y distorsionados a partir de los intereses políticos y comerciales de quienes dominan los medios de comunicación. Después de todo, los concesionarios de radio y televisión hacen uso de un espacio público que pertenece a todos y, en ese sentido, la sociedad tiene el derecho y la obligación de exigir que se utilice de manera responsable y en beneficio del interés común. Pero también es explicable la preocupación de muchos, ajenos o adversos al proyecto político del Gobierno de la Cuarta Transformación, de que una instancia dominada por esta fuerza política esté en condiciones de dictaminar y sancionar los contenidos de los medios electrónicos para favorecer a sus intereses o evitar opiniones y análisis críticos.

Las dos partes tendrían argumentos para ilustrar su preocupación. Los abusos y amarillismos o la impunidad para dañar reputaciones por parte de comunicadores de radio y televisión están a la vista. Pero también lo están los ejemplos de la manera en que miembros de Morena en el Congreso, en las gubernaturas o en la Suprema Corte han utilizado su posición de manera facciosa o autoritaria. La posibilidad de que personas como Adán Augusto López, Cuitláhuac García (exgobernador de Veracruz) o Lenia Batres (la “ministra del pueblo”) estén en condiciones de determinar qué puede criticarse o no, francamente, tendría que preocupar a cualquiera. Y no digo que serían ellos precisamente quienes ocuparían esas posiciones en la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT), sino simplemente que el Gobierno no está en condiciones de garantizar que personajes de esta tesitura no lleguen a posiciones de poder.

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