Opinión de Mario Maldonado null - El Universal
Ante lo que se anticipa como un albazo legislativo, los altos mandos del Poder Judicial de la Federación (PJF) alistan una estrategia de contención que incluye un paro de labores, el cierre de ventanillas, movilizaciones y un cabildeo internacional.
En Morena están resueltos a dejar listo el dictamen de la reforma judicial para que en septiembre sea votado por la nueva Legislatura en la Cámara de Diputados, incluso sin pasar por las comisiones, sino directo al Pleno. Lo mismo en el Senado.
Frente a este escenario, la ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Norma Piña, apoyada por un grupo de ministros, magistrados y colaboradores, ha establecido como estrategia institucional llegar a las “últimas consecuencias", según memorandos internos y fuentes del PJF.
La resistencia es coordinada por el juez Juan Antonio González García, actual titular de la Contraloría General del Consejo de la Judicatura Federal, quien tendría el apoyo de los consejeros José Alfonso Montalvo Martínez, Lilia Mónica López Benítez y Sergio Javier Molina Martínez.
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