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Por periodistasdigitales
*** Es el síntoma brutal de una élite que ha tomado al gobierno como empresa. Donde el presupuesto del pueblo se convierte en botín. Donde se lo reparten entre delincuentes de cuello blanco, políticos con fuero y charola, con estructuras de terror y lavado, quienes les dan protección.
Por Claudia Guerrero/ Columna
Desde hace mucho tiempo, no se había visto tanta cobertura en el caso de fallecimiento de un político en Veracruz, como el desafortunado asesinato del diputado local y mi amigo, Juan Carlos Molina Palacios, en noviembre de 2019, durante la administración de Cuitláhuac García Jiménez y fue ejecutado en su rancho en Medellín, por exponer la entrada de ganado enfermo desde Centroamérica, sin los anillos reglamentarios y violentando la normatividad sanitaria, exigiendo desde la tribuna en el Congreso de Veracruz, que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador impidiera la entrada de ganado en malas condiciones y tiempo después, se convirtió en un problema nacional. Con la relajación en el combate del gusano barrenador, por un descuido del Gobierno Federal, este tema se convirtió en un tema relevante internacional. Y fue un grupo armado quien asesinó a Molina Palacios, para luego, manosear la investigación, llenarla de «supuestos» con el fin de no dar con el verdadero culpable y tiempo después, curiosamente, altos funcionarios de la administración del expayaso “El Cuícaras” Cuitláhuac García, ya tenían ganado de alto registro, como los casos del exsecretario de Gobierno y ahora incrustado en CENEGAS, Carlos Alberto Juárez Gil y el todavía dirigente estatal de Morena, Esteban Ramírez Zepeta.
En el caso de la muerte de Zenyazen Roberto Escobar García, el tema es diferente.
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